Normas anti plagio en la universidad: ¿un compromiso real?

“La ausencia de acciones pedagógicas, asesorías y recursos disponibles para prevenir y combatir el plagio, la carencia de departamentos universitarios especializados en temas de integridad académica y la falta de datos sobre el número de casos de plagio denunciados y sancionados, puede mandar un mensaje involuntario de condescendencia institucional implícita ante el plagio estudiantil por las consecuencias que traería para el prestigio de las universidades al reconocer que enfrentan este desafío”.

Esta conclusión forma parte del estudio “Entre la integridad académica y el plagio estudiantil: ¿qué dicen las universidades públicas mexicanas en su normatividad?“, de las investigadoras Mitzi Danae Morales Montes (Universidad Autónoma Metropolitana) e Ivonne Lujano Vilchis (Universidad Estatal de Arizona).

Publicada en el último número de la revista especializada Archivos Analíticos de Políticas Educativas (EPAA AAPE), la investigación busca contribuir al estudio del plagio estudiantil mediante el análisis del marco legal de 33 universidades públicas mexicanas. Si bien el estudio se refiere a universidades mexicanas, sus hallazgos resultan interesantes para analizar lo que sucede también en otros contextos, sobre todo en relación con los últimos dos años de virtualidad de emergencia.

El análisis de Morales Montes y Lujano Vilchis se enfoca en los marcos legales institucionales de las universidades, para identificar cómo promueven la integridad académica y enfrentan conductas deshonestas como el plagio.

Si bien se todas las universidades declaran valores idóneos para promover la integridad académica entre sus estudiantes, “dichos principios están desarticulados de la reglamentación específica que dirige sus actividades cotidianas pues la regulación en torno al respeto a la propiedad intelectual es escasa y ambigua”, advierten las autoras.

Si bien el estudio se refiere a universidades mexicanas, sus hallazgos resultan interesantes para analizar lo que sucede también en otros contextos, sobre todo en relación con los últimos dos años de virtualidad de emergencia

El estudio reconoce, a partir de investigaciones previas, que los reglamentos y códigos escolares o la enunciación de políticas institucionales por sí solos no resuelven el problema del plagio. “Sin embargo, la indagación en la normatividad ofrece la oportunidad de conocer las fortalezas y los desafíos de los marcos legales institucionales, como un punto de partida para fortalecer la cultura de la integridad académica entre estudiantes”, explican las autoras.

“Entre los desafíos que se advierten en los marcos legales está la falta de precisión en la descripción de las conductas deshonestas, en contraste con la descripción detallada de las sanciones y consecuencias del comportamiento deshonesto, en especial de presentar documentos falsos”, se señala en las conclusiones del estudio.

Las autoras agregan: “Las iniciativas legales son relevantes para sentar las bases de una cultura de integridad académica, pero son insuficientes para considerarlas como estrategias institucionales adecuadas ya que carecen de propósitos claros y recursos humanos, financieros y pedagógicos. Si bien más de la mitad de los códigos de ética declaran su compromiso con el respeto a la propiedad intelectual, los reglamentos carecen del sustento que permita concretar dicho interés”.

Dado que las declaraciones legales quedan desarticuladas de otras acciones institucionales para combatir el plagio, “dicho problema se presenta como un asunto ético individual, tanto de quien lo comete como de quien lo denuncia, y es imprecisa la corresponsabilidad institucional al respecto, pues se advierte un vacío legal que establezca de manera clara el proceso para denunciar, analizar y sancionar el plagio“.