Una exploración de los “caballos de Troya” para la innovación educativa
3 desafíos claves para la política educativa argentina
Fortalecer la educación secundaria, proteger el financiamiento y reformar la carrera docente, y consolidar las políticas en el tiempo aparecen como puntos críticos de la política educativa actual, plantea un nuevo informe de la Universidad de San Andrés.
¿Cuáles deberían ser las prioridades de la política educativa en Argentina? Esa fue una de las preguntas que se planteó el proyecto de investigación Las llaves de la educación. Estudio comparado sobre la mejora de los sistemas educativos subnacionales en América Latina, que analizó los sistemas educativos de América Latina que mejoraron en mayor medida su calidad educativa durante los últimos 15 años (2004- 2019).
Dirigido por Axel Rivas, el estudio analizó 12 sistemas educativos subnacionales de seis países de la región (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú) que tienen amplias facultades descentralizadas. Fue coordinado por el Centro de Investigación Aplicada en Educación de la Universidad de San Andrés (CIAESA), con el apoyo del Instituto Natura para América Latina.
Además del informe regional, el equipo de investigación presentó informes referidos a cada país. Uno de esos documentos, elaborado por Axel Rivas y Belén Sánchez, de la Universidad de San Andrés, repasa la agenda de políticas educativas en Argentina en el período 2003-2019, e identifica prioridades para la agenda educativa actual.
Al reseñar las políticas educativas entre 2003 y 2019, Rivas y Sánchez identifican tres grandes etapas, que coinciden con mandatos presidenciales más que con períodos ministeriales: “Un primer período va desde 2003 hasta 2007 y está marcado por la superación de los efectos de la crisis en el sistema educativo, el aumento de la inversión y la sanción de leyes nacionales. Una segunda etapa, entre 2008 y 2015, estuvo signada por la implementación de la obligatoriedad educativa, fijada en la Ley de Educación Nacional, y por programas de gran alcance y visibilidad, como Conectar Igualdad, en un contexto de estancamiento económico. En el período reciente, entre 2016 y 2019, se colocó el énfasis en la evaluación y la innovación educativas en un contexto de reducción del gasto público”.
De cara al futuro, Rivas y Sánchez señalan tres prioridades para la política educativa en Argentina:
1. Fortalecer la educación secundaria
El año que viene se cumplen 15 años de la sanción de la Ley de Educación Nacional, que estableció la obligatoriedad de la escuela secundaria. Sin embargo, “la escuela media aún no logra superar algunos núcleos duros de exclusión. Todavía resta avanzar en una transformación profunda de su matriz selectiva. Varias provincias están trabajando en esa dirección, en su mayoría con políticas diseñadas para escalar progresivamente. Será central sostener el impulso nacional en esa dirección y fortalecer a aquellas provincias más rezagadas en este sentido”, plantean los autores.
2. Proteger el financiamiento y reformar la carrera docente
La mirada retrospectiva a la evolución del presupuesto destinado a la educación en el período 2003-2019 da cuenta de su fuerte sujeción a los vaivenes macroeconómicos, señala el documento. Por eso “resulta imperativo acordar una nueva ley de financiamiento educativo que retome los aciertos de la anterior (cuya vigencia finalizó en 2010) y aprenda de sus errores, afinando los mecanismos de definición de responsabilidades nacionales y provinciales, y creando mecanismos contracíclicos de protección de la inversión educativa y los salarios docentes, hoy fuertemente afectados por el proceso inflacionario”.
Además, Rivas y Sánchez destacan que “la revisión de las reglas que organizan la carrera laboral de maestros y profesores resulta una gran cuenta pendiente de las políticas educativas nacionales. Se trata de una empresa de alto costo político que probablemente solo pueda ser abordada en contextos macroeconómicos favorables”.
3. Consolidar las políticas en el tiempo
“Los constantes cambios de rumbo en materia de políticas educativas dan cuenta de la necesidad de institucionalizar mecanismos que permitan concertar políticas de Estado que trasciendan los límites temporales de los gobiernos y se sostengan a pesar de los vaivenes macroeconómicos. Es necesario propiciar instancias de planificación concertada que involucren al conjunto de provincias, actores sindicales y otros sectores clave, y que garanticen el financiamiento necesario para darle fortaleza e institucionalidad a las políticas
concertadas”, afirma el documento.
Los autores también recomiendan la elaboración de un plan decenal para la educación, “una meta pospuesta que será fundamental abordar en los próximos años”.
A modo de cierre, el informe advierte que el escenario “se complejiza ante un panorama de salarios docentes depreciados y un contexto presente difícil, marcado por el peso de la deuda externa y la inflación galopante. A esto se le suma que la polarización política y la fuerte crisis económica colocan a la cuestión educativa en un lugar muy secundario de la discusión pública”. Finalmente, Rivas y Sánchez concluyen: “Será una tarea de los próximos gobernantes y de la sociedad civil en su conjunto alzar la voz y continuar trabajando en favor del cumplimiento pleno del derecho a la educación”.
